Un espacio que aglutina a diferentes movimientos sociales, instituciones y personas que promueven una visión del agua como bien común y servicio público
LA RED DE AGUA PÚBLICA DE ARAGÓN ES UN ESPACIO QUE AGLUTINA A DIFERENTES MOVIMIENTOS SOCIALES, INSTITUCIONES Y PERSONAS QUE PROMUEVEN UNA VISIÓN DEL AGUA COMO BIEN COMÚN Y SERVICIO PÚBLICO
En esta ocasión el fantasma es la vieja política hidráulica aragonesa llevada de la mano por su presidente autonómico que parece tentado por la política nacional que se cocina en Madrid que, a buen seguro, aceptaría su amable sonrisa como inversión en el mercado al alza de la banalidad que triunfa en la Villa y Corte.
Olvida y ofende el presidente Azcón. Olvida todo cuanto sucedió en el cambio de siglo a orillas del Esera. Olvida la generosidad de la gente de Santaliestra en particular y de la montaña en general en la mediación que posibilitó la construcción del embalse de San Salvador a cambio del que se quería construir en el Esera y ofende a la gente de la montaña en general y a los actuales 82 habitantes de este municipio en particular, por revolver las entrañas de la memoria y reanimar al fantasma de la desigualdad territorial y la injusticia social en una parte de la geografía aragonesa que exigió en su momento la “dignidad de la montaña”.
El uso electoralista de la vida, la hacienda y los sueños de la gente no debería ser carta de presentación para ningún político. Un gestor de la “cosa pública” debería ser más cuidadoso a la hora de hablar de futuro, debería estar más atento a las complejas realidades que configuran esta tierra para no reeditar la sociedad que reinaba cuando se escribió “Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno” .
Olvida también el presidente que el proceso de mediación que zanjó el caso del proyecto de embalse de Santaliestra, ejemplar en la resolución de conflictos territoriales y de los que se debería hacer escuela para otros que hoy sangran en Aragón, venía precedido de un duro enfrentamiento legal que puso contra las cuerdas de la Audiencia Provincial de Madrid a gente muy importante de la política de aquel momento, de la de Zaragoza y de la de Madrid.
Debería recordar el Sr. Azcón que el fiscal pedía catorce años de cárcel para el que fuera secretario de Estado de Aguas y Costas, Benigno Blanco, por prevaricación, falsedad y infidelidad en la custodia de documentos. Junto a él se pedía ocho años para el director general de Obras HIdráulicas, Carlos Escartín, y para el jefe del Area de Inspección de Presas, José Vizcaíno. La audiencia debía de juzgar si se despreció la seguridad de la obra y si se dio por bueno un proyecto que carecía de los necesarios, para una obra de aquellas dimensiones, informes geológicos y técnicos.
En sus veleidades por brillar en la escena conservadora madrileña, olvida D. Jorge que para el que fuera presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Tomás Sancho, se pedían siete años de inhabilitación por prevaricación, mientras que otros altos cargos, como los que fueran director técnico y comisario de la CHE, Francisco Fiteni y Miguel Zueco, junto a un menos conocido ingeniero, Iñigo Barahona, tenían sobre sus cabezas la petición de once años de prisión por prevaricación, fraude, estafa y falsedad.
Esa era la vieja política hidráulica que ahora un añorante gobierno parece desear para la montaña aragonesa aprovechando que el viento de la política ha girado hacia una insensible derecha que combate la memoria y que se apoya en una población anestesiada ante el permanente espectáculo de casquería en que se ha convertido la política. Alguien podría pensar que el esperpento hecho actualidad y agitado desde todas las pantallas es una estrategia comunicativa para la inhibición y el desentendimiento social llamado a convertir la “cosa pública” en la “cosa nostra”.
Cualquiera de los muchos aragoneses que conocieron las propuestas de la “Nueva Cultura del Agua”, que supieron del excesivo grado de aprovechamiento hídrico que tiene el Ebro y de que la agroganadería actual tiene más de negocio globalizado que de economía familiar, puede que se plantee si además de Biscarrués y Torre del Compte, querrá también D. Jorge levantar el cadaver de Jánovas, como un Lázaro hidráulico envuelto en el sudario de la irracionalidad.
Para la montaña aragonesa, aquella que pedía dignidad y que ahora se tiene que enfrentar a placas solares en tierras de garnacha y cereal en La Puebla de Castro o Secastilla y a almacenes de litio en Abizanda, Benasque o Eresué, la visión del progreso que propone su presidente autonómico es una ofensa imperdonable que condena nuevamente a esta parte del mapa aragonés a ser paisaje de abandono pagado con el dinero de todos los aragoneses.
Desde que el proceso de mediación que permitió a unos el agua que demandaban y a otros la posibilidad de seguir cultivando las tierras que heredaron, han pasado muchas cosas que nuestro presidente autonómico no debería obviar por mucho que quiera definir un espacio de estabilidad política en el Pignatelli entre las exigencias de sus socios trasvasistas y ultramontanos y las cúpulas de las comunidades de regantes que ven en el agua una riqueza que va mucho más allá del regadío que parece aspirar al crecimiento infinito. El triunfo de la especulación y los mercados de futuro no deberían empañar la idea de que la mediación y el dialogo real y efectivo entre todos los sectores de la convivencia aragonesa deberían modular el modelo de desarrollo a que aspiran las gentes de Aragón en medio de un reto climático y social que precisa de una altura de miras que hoy por hoy, no se atisba en el gobierno aragonés.
Mientras tanto, la gente de Ribagorza en particular y de la montaña en general, harían bien en escuchar a la Ronda como algo más que una expresión de folklore.
El Movimiento Europeo del Agua, que defiende el agua como parte de los comunes, es una red abierta, participativa y plural, de la que Ingenieria Sin Fronteras formamos parte, cuyo objetivo es reforzar el reconocimiento del agua como derecho fundamental común y universal, elemento esencial para todos los seres vivos.
También nos sentimos solidarios con un movimiento general a favor de los comunes, de los que el agua es un símbolo, y juntos queremos impedir la privatización y mercantilización de este elemento vital, para establecer una gestión pública y colectiva del agua basada en la participación democrática de ciudadanos y trabajadores.
Juntos queremos identificar las amenazas sistemáticas y sistémicas a la democracia y al derecho humano al agua, y desarrollar nuevas alternativas y nuevos espacios para garantizar una gobernanza justa, inclusiva y transparente del agua en el futuro.
Este año, el encuentro acogerá vibrantes debates sobre la gestión pública del agua y el derecho al agua sobre el continente europeo, gracias a las valiosas reflexiones de activistas y expertos en procesos de remunicipalización.
Los miembros y el público tendrán la oportunidad de debatir cuestiones relacionadas con la contaminación del agua (PFAS, minería y pesticidas), el acaparamiento de agua y la destrucción de ecosistemas (megapiscinas y graveras, turismo/agricultura, etc.). Aprovechando el aumento de la criminalización de activistas en Europa y en el mundo (lea aquí el último informe de @Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores del medio ambiente), compartiremos experiencias de Europa y América Latina.
El sábado será una oportunidad para conocer los movimientos franceses y sumergirnos en las luchas locales.
Más información sobre el programa detallado aquí: Programa detallado (aún no está terminado, pero no habrá grandes cambios)
Durante los 3 días habrá interpretación en inglés, francés y español. Es probable que algunas sesiones sean híbridas. Los enlaces se facilitarán lo antes posible.
Nota: Debido a la capacidad limitada del cine, es posible que no podamos acoger a todo el mundo. Por lo tanto, le rogamos que se inscriba para garantizar su plaza. Si no puede asistir, póngase en contacto con nosotros en hello@europeanwater.org
El 18 de marzo la Red Agua Pública y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo han organizado un acto en el Congreso con motivo del día mundial del agua moderada por Jaime Morell, con la participación de Pedro Arrojo, actual relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Dalila Argueta, hondureña defensora de derechos humanos y refugiada por la defensa del río Guapinol, Nadua Abu Ghazalah, perteneciente a la diáspora palestina, Pablo Alcalde y Miquel Carrillo en representación de La Coordinadora, y Nuria Hernández Mora y Aura Vidal por la RAP.
Las principales conclusiones a que se llegó durante el acto se concretan a continuación.
El derecho al agua potable y al saneamiento son derechos humanos reconocidos por Naciones Unidas desde julio de 2010, y forman parte del derecho internacional, por lo que son legalmente vinculantes para los Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como es el caso de España.
El reconocimiento expreso y la incorporación a la normativa nacional al más alto nivel posible de los derechos humanos al agua y al saneamiento debe recoger la garantía del acceso a las fuentes e infraestructuras basado en la no discriminación, el acceso efectivo a los mínimos vitales y la prohibición de cortes en situaciones de vulnerabilidad, las prioridades de uso, las restricciones a los usos productivos, las obligaciones relativas a la calidad del agua, la asequibilidad y el acceso a la información.
Los modelos de gestión pública del agua y del saneamiento deben ser coherentes con los derechos humanos, realizarse sin ánimo de lucro y de acuerdo con criterios de pluralidad, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana activa, libre y significativa, calidad y eficiencia social, económica y medioambiental.
El crecimiento demográfico y los cambios en la urbanización, la intensificación de la agricultura, la minería y la industria generan demandas que desbordan la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos al tiempo que vierten sustancias, a menudo tóxicas, que contaminan los caudales disponibles pudiendo dar lugar a conflictos. Aunque haya disponibilidad de caudales de agua, que se verá mermada por el cambio climático, esta contaminación constituye una amenaza para el derecho humano al agua potable.
Este es el caso del río Guapinol, en Honduras, donde surgieron conflictos entre las poblaciones ribereñas y empresas mineras que ocasionaron la contaminación del río, violando el derecho humano al agua. En el conflicto se puso de manifiesto las asimetrías de poder y la ausencia de una gobernanza democrática del agua desde un enfoque basado en los derechos humanos, que se concretó en la persecución y represión de la movilización ciudadana.
Es necesario promover el reconocimiento y la protección de las personas y organizaciones defensoras de los territorios y de los derechos humanos, así como de periodistas y profesionales de la comunicación, que abogan por el control público del agua y el saneamiento en todo el mundo, denunciando su criminalización.
Hay que impulsar, en el plano estatal e internacional, regulaciones vinculantes de la acción de las empresas transnacionales, asegurando el respeto a los derechos humanos y al medioambiente, y su rendición de cuentas en toda la cadena de valor.
El agua puede motivar controversias e incluso conflictos armados. También puede utilizarse en estrategias bélicas. Esto está ocurriendo, entre otra regiones y países, en Siria, Ucrania y Palestina. El año pasado se cumplieron 75 años del conflicto palestino – israelí y 57 años de ocupación ilegal por parte de Israel del territorio palestino, lo que supone una constante vulneración de los derechos humanos de la población palestina, incluyendo su derecho al agua potable y al saneamiento básicos, su acceso a recursos hídricos para poder desarrollar actividades económicas
Antes de la actual escalada de violencia, el 90% de la población palestina de Gaza no disponía de un buen acceso al agua potable, más del 97% de su acuífero estaba contaminado y/o infiltrado por agua salada. Los intensos bombardeos que está sufriendo la franja de Gaza han dañado gran parte de su infraestructura de tratamiento y abastecimiento de agua, y de saneamiento, de forma que la mayoría de las personas viven con solo entre 1 y 3 litros diarios, muy lejos de los 100 recomendados por la OMS.
Y en relación a esta situación, nos hacemos eco de la Proposición no de Ley aprobada la semana pasada por la Comisión de Exteriores de este Congreso en la que se insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para un alto el fuego inmediato y permanente por todas las partes, el respeto al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, el acceso humanitario suficiente y sostenido especialmente en Gaza, el fin del comercio de armas entre España e Israel, y para trabajar por una solución negociada al conflicto.
En el contexto de la conmemoración del día mundial del agua que Naciones Unidas celebra cada 22 de marzo, la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo -España y la Red Agua Pública (RAP) organizan la jornada Agua para la paz, ¿derecho universal o recurso geopolítico?que tendrá lugar el lunes 18 de marzo entre las 12 h y las 14h en la Sala Clara Campoamor del Congreso.
Con esta Jornada La Coordinadora y RAP pretenden incidir en las relaciones entre el agua, los conflictos y la paz, que se han puesto en evidencia en el contexto geopolítico internacional actual, así como en el agua como elemento para la cooperación.
En la Jornada, que estará moderada por Jaime Morell, intervendrán Pedro Arrojo, actual relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Dalila Argueta, hondureña defensora de derechos humanos y refugiada por la defensa del río Guapinol, Nadua Abu Ghazalah, perteneciente a la diáspora palestina, Pablo Alcalde en representación de La Coordinadora, y Nuria Hernández Mora por la RAP.
Para asistir a la Jornada es necesario inscribirse antes del 15 de marzo en el siguiente enlace: www.bit.ly/Jornada-AguaParaLaPaz
Para facilitar que la jornada empiece puntualmente, conviene estar en la sala Clara Campoamor entre las 11:30 y las 11:45 h.
“El ataque contra el hospital árabe Al Ahli es una atrocidad. Estamos igualmente indignados por el ataque mortal ocurrido el mismo día en una escuela de la UNRWA ubicada en el campo de refugiados de Al Maghazi que albergaba a unas 4.000 personas desplazadas, así como a dos campos de refugiados densamente poblados”, dijeron los expertos.
Los expertos plantearon serias preocupaciones humanitarias y legales sobre el endurecimiento del asedio de 16 años del enclave y su población por parte de Israel y su ocupación de larga data, privando a 2,2 millones de personas de alimentos, combustible, agua, electricidad y medicinas esenciales. Se estima que 50.000 mujeres embarazadas en Gaza necesitan desesperadamente atención prenatal y posnatal. Se estima que el número de desplazados internos en toda la Franja de Gaza ronda el millón.
Recordaron que el Consejo de Seguridad de la ONU ha condenado repetidamente el uso del hambre de los civiles como método de guerra, lo cual está prohibido por el derecho internacional humanitario y penal. La denegación ilegal del acceso humanitario y la privación a los civiles de objetos indispensables para su supervivencia son también una violación del derecho internacional humanitario, advirtieron los expertos.
Los expertos de la ONU pidieron la protección de todos los trabajadores humanitarios, después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) documentara más de 136 ataques a los servicios de salud en el territorio palestino ocupado, incluidos 59 ataques en la Franja de Gaza, que resultaron en la muerte de al menos al menos 16 trabajadores sanitarios desde el inicio de las hostilidades el 7 de octubre. Los bombardeos israelíes sobre Gaza también han matado a 15 miembros del personal de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNRWA) y a cuatro paramédicos de la Media Luna Roja Palestina que se encontraban en una ambulancia. Un conductor de ambulancia del Magen David Adom en Israel perdió la vida mientras conducía para atender a los heridos.
“El asedio total de Gaza, junto con órdenes de evacuación inviables y traslados forzosos de población, es una violación del derecho internacional humanitario y penal. También es indescriptiblemente cruel”, afirmaron los expertos.
Recordaron que la destrucción deliberada y sistemática de viviendas e infraestructuras civiles, conocida como ‘domicidio’, y el corte de agua potable, medicinas y alimentos esenciales está claramente prohibido por el derecho penal internacional.
“Estamos haciendo sonar la alarma: hay una campaña en curso por parte de Israel que resulta en crímenes contra la humanidad en Gaza. Considerando las declaraciones hechas por los líderes políticos israelíes y sus aliados, acompañadas de acciones militares en Gaza y una escalada de detenciones y asesinatos en Cisjordania, también existe el riesgo de genocidio contra el pueblo palestino”, dijeron los expertos.
“No hay justificaciones ni excepciones para tales crímenes. Estamos consternados por la inacción de la comunidad internacional ante el belicismo beligerante”, dijeron los expertos.
«La población de Gaza, la mitad de la cual son niños, ya ha sufrido muchas décadas de ocupación brutal e ilegal y ha vivido bajo bloqueo durante 16 años», dijeron los expertos.
“Es hora de cesar el fuego de inmediato y garantizar el acceso urgente y sin obstáculos a suministros humanitarios esenciales, incluidos alimentos, agua, alojamiento, medicinas, combustible y electricidad. Es necesario garantizar la seguridad física de la población civil”, afirmaron los expertos.
«La ocupación debe terminar y debe haber reparación, restitución y reconstrucción, hacia una justicia plena para los palestinos», dijeron.
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el cuerpo más grande de expertos independientes en el sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos de Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.
Para consultas de los medios relacionadas con otros expertos independientes de la ONU, comuníquese con Maya Derouaz ( maya.derouaz@un.org ) y Dharisha Indraguptha ( dharisha.indraguptha@un.org ) .
Siga las noticias relacionadas con los expertos independientes en derechos humanos de la ONU en Twitter @UN_SPExperts
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La Red Agua Pública (RAP) -organización que reúne a varias decenas de plataformas y organizaciones sociales del estado español en la defensa de la gestión pública, democrática y participativa de los servicios del ciclo urbano del agua-, propone a los partidos políticos que concurren a las elecciones generales del 23 de julio, un conjunto de consideraciones relacionadas con el sector, con el objetivo de contrastarlas con lo recogido en sus respectivos programas electorales y conocer su disposición a desarrollarlas en actuaciones posteriores de gobierno, si llegara el caso.
Las propuestas de la RAP, que las considera fundamentales para avanzar en la gestión pública, democrática y participativa de los servicios del ciclo urbano del agua, se concretan en las actuaciones y reformas legislativas siguientes.
DERECHO HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO
Reconocimiento expreso e incorporación a la normativa en el más alto nivel posible del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, con el alcance y contenido definido por Naciones Unidas, que las
administraciones públicas tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir. Mientras esto no se consiga, tramitar una ley de mínimo vital de agua que garantice que las personas en situación de vulnerabilidad puedan recibir de forma gratuita un suministro mínimo de agua que cubra sus necesidades básicas que les permita vivir dignamente, a la vez que se prohíba expresamente los cortes del suministro en tales circunstancias.
USOS DEL AGUA, USOS PRIORITARIOS, CAMBIO CLIMÁTICO Y SEQUÍA
Detener el crecimiento de las demandas hídricas, tanto en el regadío como en los usos urbanos e industriales, de forma que se adapten a la reducción de caudales disponibles que impone el cambio climático en curso, redimensionando la superficie regada y las demandas urbanas expansivas, priorizando la reducción de las grandes producciones de regadío y las promociones urbanísticas más despilfarradoras.
Este compromiso cobra especial relevancia en la situación de sequía actual que afecta a varios territorios y grandes ciudades que, en algunos casos, se prolonga desde hace cinco años, a pesar de lo cual no se han adoptado restricciones generalizadas debido principalmente a la disminución del consumo urbano. Sin embargo, numerosos municipios, generalmente menores de 20.000 habitantes, que gestionan el agua de forma aislada, ya padecen restricciones o problemas de calidad. De continuar esta situación en el próximo otoño-invierno se entraría en un escenario inédito de prolongación e intensidad de sequía, con impactos de gran gravedad, empezando por el regadío que ya está padeciendo reducciones de dotaciones muy severas.
En este contexto, es de especial importancia garantizar la prioridad de usos establecidos en la Ley de Aguas, poniendo en primer lugar, frente a los otros usos del agua, los del abastecimiento de poblaciones y caudales ecológicos.
NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL AGUA
Defensa del carácter público de la gestión de los servicios del ciclo urbano del agua y su blindaje a través de una Ley Orgánica. Hasta tanto esto no sea efectivo, se tendrá en cuenta que toda privatización de estos servicios deberá estar necesariamente precedido por un proceso de participación ciudadana informada que culmine en una Consulta Ciudadana vinculante.
CÁNON CONCESIONAL
Prohibición por ley de los denominados cánones concesionales, ya que son instrumentos que favorecen la privatización de los servicios del ciclo urbano del agua, introducen prácticas opacas y fomentan la corrupción que crece al transformar el agua y los servicios de abastecimiento y saneamiento en grandes negocios privados.
Promover cambios institucionales para una plena transparencia en la gestión del agua, incluyendo acceso a los datos reales y actualizados de consumos e inversiones, así como una participación ciudadana activa, libre y significativa en un marco de democracia deliberativa.
APOYO A LOS PROCESOS DE REMUNICIPALIZACIÓN
Apoyo a los procesos de remunicipalización de los servicios del ciclo urbano del agua, para lo cual es fundamental revertir la legislación aprobada en el pasado inmediato tendente a obstaculizar, cuando no a impedir, la remunicipalización de los servicios del ciclo urbano del agua.
Garantizar que, cuando se extinga la concesión por finalización del plazo o resolución del contrato, y con una antelación de al menos un año, se aborde un proceso de información y participación pública destinado a decidir el modo de gestión, cuyo resultado será vinculante.
MODELO DE GESTIÓN Y GOBERNANZA
Defensa de un nuevo modelo de gestión pública que se realice sin ánimo de lucro y de acuerdo con criterios de pluralidad, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, calidad y eficiencia social, económica y medioambiental. Exigencia de que todos los ingresos que se obtengan de la contraprestación económica procedente de los servicios de abastecimiento y saneamiento se destinen a sufragar los costes de dichos servicios.
Este modelo es consustancial con la garantía del derecho a la participación pública, activa, libre y significativa en todas las fases de la gestión del ciclo urbano del agua, de forma que sea posible incidir y decidir sobre la realización y seguimiento de la programación estratégica, de los proyectos y programas que se realicen y financien, así como en la gestión administrativa y presupuestaria, incluyendo el diseño de las estructuras y políticas tarifarias.
Con objeto de garantizar la transparencia y el acceso a la información de la calidad del agua de consumo, revisar en profundidad el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC), de forma que sea posible la participación ciudadana en su gestión, se asegure el conocimiento ágil de la calidad del agua por parte de los usuarios facilitando, en consecuencia, la exigencia de rendición de cuentas.
DEROGACIÓN DE NORMAS Y LEYES QUE FACILITEN LA PRIVATIZACIÓN U OBSTACULICEN LA REMUNICIPALIZACIÓN
Derogar aquellas normas y leyes que facilitan la privatización u obstaculizan la remunicipalización de los servicios públicos municipales, entre ellos los de abastecimiento de agua y saneamiento. En particular, la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración Local, y los artículos y disposiciones adicionales específicas de la ley de presupuestos de 2017 y de la ley de contratos del sector público.
CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA Y DE LA DIRECTIVA DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO
Cumplimiento de la Directiva Marco del Agua y del resto de Directivas ambientales a través de una gestión orientada al uso sostenible del agua que garantice la conservación y la recuperación del buen estado de los ecosistemas acuáticos. Para ello, fijar y mantener caudales ambientales adecuados y garantizar la calidad del agua frente a la contaminación urbana y agraria.
En este sentido, desarrollo de Planes de Depuración que incluyan programas de financiación público-público, especialmente para el caso de pequeños municipios.
En cumplimiento de las orientaciones de la nueva Directiva de Aguas de consumo humano, incorporar el enfoque de gestión del riesgo en todas las fases del sistema de abastecimiento, empezando por el imprescindible control de las zonas de captación mediante la delimitación y aplicación de perímetros de protección suficientes y efectivos.
CONDICIONES LABORALES
Defensa de personal con derechos y condiciones de trabajo justas, en términos de calidad y estabilidad en el empleo. En consonancia con la importancia de los trabajadores, garantizar su participación en las instancias de toma de decisiones.
Aplicar de forma consecuente la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con estrategias para eliminar los techos de cristal existentes.
La crisis hídrica y la escasez estructural del agua en Andalucía se agrava, en el contexto de una larga sequía intensificada por los efectos del cambio climático. Al déficit de precipitaciones se añaden periodos de altas temperaturas anormales, como las que padecimos en abril, seguidas de varias semanas de bajas temperaturas y precipitaciones locales torrenciales. La situación concreta que afecta a Andalucía se corresponde con las señales que están dando los científicos expertos en alteraciones climáticas: el cambio climático se está acelerando más de lo previsto y ya está manifestándose en estos episodios concretos.
Sin perder de vista lo anterior, el déficit de recursos que padecemos en Andalucía no se debe, solamente, a una reducción excepcional y prolongada de las lluvias, sino a un desequilibrio permanente entre las demandas y los recursos disponibles. La demanda de agua del conjunto de Andalucía, con grandes diferencias espaciales, ha sobrepasado la disponibilidad del recurso. El déficit es estructural, ocultado por la sobreexplotación generalizada de aguas superficiales y subterráneas.
Los ecosistemas, el sector agrario, tanto regadíos como ganadería extensiva, están sufriendo duramente esta situación, a la vez que numerosas pequeñas y medias poblaciones ya padecen restricciones y problemas de calidad en su abastecimiento. Por su parte, las grandes poblaciones y áreas metropolitanas resisten todavía sin cortes en el suministro el quinto años de sequía, a diferencia de lo que ocurrió en la anterior gran sequía de 1991-1995.
Los expertos sobre gestión de sequías valoran positivamente el enfoque de gestión de riesgos que se introdujo en la Ley de Plan Hidrológico Nacional de 2001, con la fórmula de Planes Especiales de Sequía (PES) de cuenca hidrográfica y de Planes de Emergencia de Sequía en ámbitos urbanos. La anticipación y la definición objetiva de indicadores y umbrales antes de que llegue la sequía es positiva. Sin embargo, en los PES aprobados en las cuencas de Andalucía, las situaciones de sequía prolongada y de escasez no están bien definidas y no responden a suficientes y adecuados indicadores. No acaba de asumirse que la denominada escasez coyuntural es en realidad una escasez estructural que exige enfrentar el desequilibrio entre demandas y recursos con una reducción, con criterios sociales, económicos y ecológicos, de las primeras. Los PES tampoco enfocan bien la gran importancia de las aguas subterráneas, especialmente en situaciones de sequía y con escenarios añadidos de cambio climático. Las aguas subterráneas, que son fundamentales para la supervivencia de los caudales ambientales y los ecosistemas terrestres dependientes del agua, no reciben el tratamiento adecuado y suficiente en estos planes.
El debate desarrollado en la Jornada ha abordado el problema de los impactos de la sequía en los abastecimientos urbanos, el uso prioritario para toda la población y el 95% de la actividad económica. No existe una normativa suficiente que regule la programación de la sequía en el ciclo urbano, y la que existe no se cumple. Allí donde hay planes de emergencia de sequía elaborados participativamente se está comprobando sus efectos positivos, permitiendo aplicar con antelación las medidas de control y ahorro, amortiguando la conflictividad. Allí donde estos planes se han elaborado sin participación, no existe un seguimiento adecuado de su aplicación.
Por otra parte, en la Jornada se han analizado los contenidos y enfoques de los diversos Decretos de Sequía que se han sucedido en los últimos años (tres autonómicos de Andalucía y dos estatales). Hay que señalar que estos decretos en buena parte mantienen la perspectiva tradicional de respuesta reactiva a la sequía. Se presentan como contenedores que aprovechan la declaración de emergencia y de interés general para articular contenidos que van desde las moratorias de los cánones y tarifas de riego hasta la reforma de artículos importantes de la Ley del Agua.
El último decreto autonómico de sequía ha sido redactado sin diálogo, y es totalmente insuficiente, tanto para el sector ganadero y agrario como para muchos ayuntamientos y diputaciones provinciales que tienen que hacer frente a los problemas de suministro que ya comienzan en muchos pueblos de Andalucía. Hay falta de participación y ausencia de planificación y de equilibrio en la distribución de los recursos, con concentración de una gran parte de ellos en una pequeña parte del territorio. Las propuestas de reutilización de aguas regeneradas no pueden suponer reducción de recursos ya utilizados por reutilización indirecta o por ser la base de caudales ambientales ya muy mermados. No se pueden olvidar los déficits de depuración todavía pendientes de resolver como los de Matalascañas, Alhaurín el Grande y Barbate.
En la sesión destinada a la intervención de los agentes sociales, la Mesa Social del Agua, que viene trabajando conjuntamente desde 2018 construyendo consensos compartidos, confirma su crítica a la confusión entre escasez coyuntural (propia de un tratamiento desde la perspectiva de la gestión de sequías) y escasez estructural, asimilable a la sobreexplotación, que debe ser objeto de la Planificación Hidrológica regular. Ratifica su denuncia a un modelo de modernización de regadío que promueve la intensificación de cultivos leñosos, protagonizada por grandes explotaciones ajenas al territorio, que además no reduce los consumos netos de agua y por tanto no contribuye a la imprescindible adaptación a los impactos del cambio climático en las cuencas andaluzas.
Nos parece inaceptable la pervivencia año tras año de guetos de trabajadores en condiciones de vida y laborales indignas. De la misma manera, hay que evitar que los impactos de la sequía puedan deteriorar las condiciones del conjunto de los trabajadores del sector.
En relación con la reducción de dotaciones que vienen sufriendo los regadíos de aguas superficiales por tercer año consecutivo, la Mesa confirma su posicionamiento a favor de un reparto de los recursos que incorpore criterios, técnicos, sociales y ambientales para el reparto del agua, que garantice la supervivencia de la explotación familiar profesional y la de los ecosistemas acuáticos, oponiéndose a reducciones lineales de las dotaciones. .
Por lo que se refiere a las cesiones de derechos de agua de aquellos regantes que no estén en condiciones de utilizarlos dadas las reducciones debidas a la sequía, la Mesa reafirma su posición favorable a la reasignación de estos derechos bajo control público a través de las autoridades del agua, utilizando la fórmula de centros de intercambio que la Ley de Aguas prevé. La Mesa reitera su posición en contra de los mercados del agua sin unas normas adecuadas que garanticen el control público del intercambio de derechos de uso de bienes públicos entre los distintos agentes,.
La información pública y la participación activa son dos de los principios fundamentales en los que se apoya la gestión y planificación del agua. La Mesa Social valora críticamente que se haya perdido la ocasión, tanto en la actual como en anteriores legislaturas, de reformar la Ley del Agua y los Reglamentos que la desarrollan para establecer un modelo de gobernanza del agua realmente coherente con los planteamientos y los objetivos que la Directiva Marco del Agua ya estableció desde su aprobación en el año 2000.
Nos preocupa que algunos avances en gestión y planificación con participación pública desarrollados por algunos sistemas del ciclo urbano del agua de poblaciones, como el área metropolitana de Sevilla y Cádiz, se puedan ver afectadas y sufran retrocesos a consecuencia de los cambios de composición de las autoridades municipales que los gobiernan.
La Mesa defiende la conservación de los ríos, humedales y acuíferos, así como el reparto del agua teniendo en cuenta criterios ambientales, sociales y técnicos. Mientras algunos sectores dudan o relativizan la crisis hídrica profunda que afecta a Andalucía y en general a toda España, la Mesa está trabajando un paso más adelante, criticando los falsos mitos de crecimiento ininterrumpido y pensando ya en la necesaria transición hídrica, que tiene que ser una transición equitativa y justa.
Señala directamente como responsables de este despropósito a los gobiernos municipales de San José del Valle y de Jerez y a la empresa concesionaria Aqualia.
Esta Marea Azul de Cádiz, es el conjunto de los colectivos activos por la defensa del agua en manos privadas y por el Derecho Humano al Agua de todas las familias de Cádiz, federados a nivel provincial, y su vez federada a la Marea Azul del Sur (a nivel autonómico andaluz) y asociadas a la Red de Agua Pública del país y a la de Europa. A esta federación provincial, pertenece la Coordinadora del Agua de Jerez, cuyo caso de restricciones de agua por déficit en Tempul, le toca directamente y por proximidad.
Tempul se seca, porque prima el interés económico al patrimonial y social.
La bajada de nivel de salida de agua del Manantial de Tempul, no es más que el resultado de una muerte anunciada, que venimos denunciando desde hace años. Y no responde solo a la desolación del cambio climático, sino a una acumulación de factores, -todos ellos con interés económico- que nos llevará a vivir como aquel histórico proyecto -famoso y reconocido en todo Europa- de aprovechamiento de agua con más de siglo y medio de vida, en poco, dejará de existir.
¿Cuáles son los motivos de las restricciones de agua en el Valle?
Básicamente, por la bajada de la surgencia del agua del Manantial de Tempul, de donde sigue alimentándose San José del Valle, desde siempre. Esta estacional incidencia viene marcada por distintos posibles motivos: la escasez de lluvias recientes y un más que sospechoso abuso indiscriminado del mismo acuífero que nutre a este manantial, situado en la Sierra de las Cabras.
Veníamos denunciando el riego masivo y con medios modernos sobredimensionados (aspersores cañones) en fincas entorno al acuífero, que podían provocar una caída del nivel de surgencia del Manantial de Tempul.
Recordamos, como en la sequía de los años noventa -más severa que la actual- se proyectaron unos pozos auxiliares, cercanos a Fuenteymbros para paliar el problema de la falta de agua en estas poblaciones, inyectando caudal desde estas perforaciones a la conducción de Tempul, dirección Jerez. Solo justo cuando se comenzó este trasvase, se secó el manantial del todo. Recordamos también como la propia empresa, por ese entonces aun en manos públicas, temió por el nuevo surgimiento del agua en su centenario manantial; pues el “embalse subterráneo” podía caprichosamente romper su furia hídrica por otro lado distinto; no sería la primera vez que ocurre esto en otros casos.
La población tiene derecho a conocer a los responsables de este vergonzoso infortunio
Exigimos los cargos que concurran sobre las responsabilidades de organismos o administraciones que tienen competencia con esta anomalía y este abandono o falta de celo por los intereses básicos de la ciudadanía que representa.
Los gobiernos locales tienen que dar explicaciones y no esconderse más detrás de las empresas privadas o tirarse piedras entre entidades públicas.
Es por lo que entendemos que los distintos gobiernos municipales de Jerez y todas aquellas entidades locales que afectan esta toma de agua del Tempul, son directamente presuntos culpables de esta desventura.
El Consorcio de Aguas, debe aclarar su implicación o estará escondiendo a los culpables.
También apuntamos a otras instancias administrativas como es el caso del CAZG. Desconocemos cual podría ser la implicación de esta entidad mancomunada, pero si denunciamos de antemano, que entendiendo que el Tempul es de titularidad municipal jerezana, este consistorio debería estar en permanente contacto con el consorcio, como principal proveedor del sustento hídrico de sus conciudadanos y, por lo tanto, sabedores de la bajada paulatina del nivel de la surgencia del manantial. En tal caso, aquellos pozos que se hicieron con dinero público hace unas tres décadas, deberían haber estado previsto de tal manera que en el momento de la decadencia de Tempul, ya se hubiera ido metiendo agua, y nadie se hubiera enterado o lo que es lo mismo, no hubiéramos sido el hazmerreír de Andalucía ni sufrido la gente del Valle estas vergonzosas restricciones.
Aqualia, como empresa concesionaria, está obligada a alertar y poner los medios para evitar estas situaciones.
Pero, vamos mucho más allá y apuntamos también directamente a Aqualia. Como empresa, que se vende con fotos junto a traidores políticos locales. Empresa que además lleva ya más de diez años alpacando billetes, convirtiendo el agua que sale del Tempul en beneficio de la Junta de Accionistas de una multinacional, sentada en sus poltronas en, no sabemos qué país, mientras sus usuarios pagando religiosamente sus facturas, pasan sed. Empresa que, controla este manantial y esta conducción… ¿Por qué esperó a última hora para hacer lo que tendría que haber hecho a su debido tiempo? Que conste que esta misma empresa es la concesionaria que opera en todos los municipios que afecta la traída de agua del Tempul.
RESPONSABILIDAD MUNICIPAL DE JEREZ Y SAN JOSE DEL VALLE
Los responsables con plena capacidad y obligada responsabilidad sobre este manantial y toda su infraestructura, compuesta por 47 kilómetros de minas, sifones de tuberías, puentes, desagües, depósitos y un largo etcétera de elementos hídricos, han sido y siguen siendo los gobiernos municipales de Jerez, muy estrechamente relacionados con el de San José del Valle; no en vano este manantial incluso quedó dentro de su territorio municipal, en el reparto a razón de su reciente segregación.
Aunque la gestión del Agua de estos dos municipios esté en manos privadas, la capacidad y la responsabilidad directa hacia sus ciudadanos, sigue siendo siempre de los gobiernos municipales.
La gestión y la “explotación” de este manantial fueron entregadas a la ciudad de Jerez, en 1939. Los últimos alcaldes, de la época democrática en nuestro país, han abandonado su responsabilidad sobre este rico recurso natural, que ya en tiempos de la España romana, resultó ser la fuente hídrica más impresionante de la península, para llevar agua a la población de Gades, con una perfectísima ingeniería.
La Gallina de los huevos de oro, desplumada por la avaricia y la dejadez política de los gobiernos municipales jerezanos.
Estos ediles han “usado” la traída del agua desde Tempul hasta Jerez, como herramienta política y económica del consistorio. El servicio de aguas de esta ciudad era denominado por estos responsables como “la gallina de los huevos de oro”; y como tal, todos y cada uno de estos mandatarios locales, metieron sus manos en este servicio, para luego lamerse los dedos -políticamente hablando-.
Pacheco y sus mágicas concesiones demaniales.
El saqueo lo comenzó Pedro Pacheco, “decorando” la ciudad con fuentes y pirulí en el Circuito de Velocidad, con cargo a Ajemsa, más tarde utilizando un artilugio muy usado en estas administraciones locales, como es la famosa ingeniería financiera; inventó la auto “concesión demanial” de las tuberías de saneamiento. A cambio, miles de millones de las antiguas pesetas pasaban de Ajemsa a las arcas municipales, mediante créditos bancarios a costa de los recibos de agua de todos los jerezanos. Hasta llegar los socialistas, este alcalde andalucista repitió “su mágica” fórmula de sanear sus cuentas municipales y dar un “lavado de cara electoralista”, hasta dejar esta empresa en peligrosísimos números rojos, al borde de su extinción financiera.
Los socialistas y su invento de “CAJA UNICA”
La socialista Pilar Sánchez, en vista de que Ajemsa ya no tenía solvencia ni capacidad de más endeudamiento, retiró a la entidad gestora publica, la capacidad de su control económico, como venía haciendo de por vida; las remesas de las facturaciones de los jerezanos, eran entregadas en la “caja única” municipal, y una vez haber “atrincado” entre seiscientos mil y un millón de euros mensuales, devolver la diferencia para que Ajemsa siguiera haciendo malabarismo para sostenerse.
La Pelayo vendió los últimos muebles.
La popular García Pelayo, se encontró la gallina ya más que desplumada y ya había bien poco que exprimir y aprovechar. Así, optó por meterla en un puchero, para extraerle su último jugo, antes de “enterrarla” definitivamente; para ello, planeó que una empresa buitre y carroñera se encargara de esta defunción, a cambio de una buena suma de millones de euros, que le hiciera más holgado su mandato del 2.011 al 2.015.
Aqualia recoge los restos de Ajemsa y crea su “factoría de hacer billetes” a costa del empobrecimiento hídrico y social de los ciudadanos.
La empresa, el servicio de aguas de todos los jerezanos, aquel modelo de gestión ejemplar en Europa y patrimonio histórico, honrando un esfuerzo y una apuesta social, que a partir de 1.869 supuso el inicio de una era más pulcra, más saludable, más urbana y más social, para Jerez y los jerezanos; pasó a ser una extraordinaria “factoría de hacer billetes”, en unas oscuras manos, con una operación de venta del servicio a una empresa multinacional, con alto badaje de “malas prácticas” en otros territorios, incluso fuera de España. El agua de los jerezanos, es manoseada y explotada por Aqualia, filial de la gran mole empresarial FCC.
Entre todos, tejieron la tela de araña perfecta para dar muerte a Ajemsa. Lo que llamamos la Trama del Agua de Jerez.
Pero, para que esta “factoría” funcione a “pleno rendimiento”, necesita que los verdaderos y obligados responsables administrativos, políticos (gobierno local) miren hacia otro lado y dejen hacer a la empresa sus evidentes villanías y sigan prácticamente el saqueo a los jerezanos y haciendo que cada día más familias se vean sin el más sagrado, básico y elemental recurso vital… mendigando por unas gotas de AGUA.
Para este maquiavélico proyecto, ya ha contado esta empresa multinacional con dos legislaturas socialistas, que hicieron “sus deberes” a la perfección, sencillamente dejando el control total del servicio a la empresa privada, no haciendo la más mínima fiscalización de su gestión e incluso haciéndoles de mediadores insurgentes, para lavar la cara de la multinacional, en sus tejemanejes a otras entidades locales periféricas.
Es una nota de prensa enviada a este medio, por la Marea Azul de Cádiz
Esta Marea Azul de Cádiz, es el conjunto de los colectivos activos por la defensa del agua en manos privadas y por el Derecho Humano al Agua de todas las familias de Cádiz, federados a nivel provincial, y su vez federada a la Marea Azul del Sur (a nivel autonómico andaluz) y asociadas a la Red de Agua Pública del país y a la de Europa. A esta federación provincial, pertenece la Coordinadora del Agua de Jerez, cuyo caso de restricciones de agua por déficit en Tempul, le toca directamente y por proximidad.
Tempul se seca, porque prima el interés económico al patrimonial y social.
La bajada de nivel de salida de agua del Manantial de Tempul, no es más que el resultado de una muerte anunciada, que venimos denunciando desde hace años. Y no responde solo a la desolación del cambio climático, sino a una acumulación de factores, -todos ellos con interés económico- que nos llevará a vivir como aquel histórico proyecto -famoso y reconocido en todo Europa- de aprovechamiento de agua con más de siglo y medio de vida, en poco, dejará de existir.
¿Cuáles son los motivos de las restricciones de agua en el Valle?
Básicamente, por la bajada de la surgencia del agua del Manantial de Tempul, de donde sigue alimentándose San José del Valle, desde siempre. Esta estacional incidencia viene marcada por distintos posibles motivos: la escasez de lluvias recientes y un más que sospechoso abuso indiscriminado del mismo acuífero que nutre a este manantial, situado en la Sierra de las Cabras.
Veníamos denunciando el riego masivo y con medios modernos sobredimensionados (aspersores cañones) en fincas entorno al acuífero, que podían provocar una caída del nivel de surgencia del Manantial de Tempul.
Recordamos, como en la sequía de los años noventa -más severa que la actual- se proyectaron unos pozos auxiliares, cercanos a Fuenteymbros para paliar el problema de la falta de agua en estas poblaciones, inyectando caudal desde estas perforaciones a la conducción de Tempul, dirección Jerez. Solo justo cuando se comenzó este trasvase, se secó el manantial del todo. Recordamos también como la propia empresa, por ese entonces aun en manos públicas, temió por el nuevo surgimiento del agua en su centenario manantial; pues el “embalse subterráneo” podía caprichosamente romper su furia hídrica por otro lado distinto; no sería la primera vez que ocurre esto en otros casos.
La población tiene derecho a conocer a los responsables de este vergonzoso infortunio
Exigimos los cargos que concurran sobre las responsabilidades de organismos o administraciones que tienen competencia con esta anomalía y este abandono o falta de celo por los intereses básicos de la ciudadanía que representa.
Los gobiernos locales tienen que dar explicaciones y no esconderse más detrás de las empresas privadas o tirarse piedras entre entidades públicas.
Es por lo que entendemos que los distintos gobiernos municipales de Jerez y todas aquellas entidades locales que afectan esta toma de agua del Tempul, son directamente presuntos culpables de esta desventura.
El Consorcio de Aguas, debe aclarar su implicación o estará escondiendo a los culpables.
También apuntamos a otras instancias administrativas como es el caso del CAZG. Desconocemos cual podría ser la implicación de esta entidad mancomunada, pero si denunciamos de antemano, que entendiendo que el Tempul es de titularidad municipal jerezana, este consistorio debería estar en permanente contacto con el consorcio, como principal proveedor del sustento hídrico de sus conciudadanos y, por lo tanto, sabedores de la bajada paulatina del nivel de la surgencia del manantial. En tal caso, aquellos pozos que se hicieron con dinero público hace unas tres décadas, deberían haber estado previsto de tal manera que en el momento de la decadencia de Tempul, ya se hubiera ido metiendo agua, y nadie se hubiera enterado o lo que es lo mismo, no hubiéramos sido el hazmerreír de Andalucía ni sufrido la gente del Valle estas vergonzosas restricciones.
Aqualia, como empresa concesionaria, está obligada a alertar y poner los medios para evitar estas situaciones.
Pero, vamos mucho más allá y apuntamos también directamente a Aqualia. Como empresa, que se vende con fotos junto a traidores políticos locales. Empresa que además lleva ya más de diez años alpacando billetes, convirtiendo el agua que sale del Tempul en beneficio de la Junta de Accionistas de una multinacional, sentada en sus poltronas en, no sabemos qué país, mientras sus usuarios pagando religiosamente sus facturas, pasan sed. Empresa que, controla este manantial y esta conducción… ¿Por qué esperó a última hora para hacer lo que tendría que haber hecho a su debido tiempo? Que conste que esta misma empresa es la concesionaria que opera en todos los municipios que afecta la traída de agua del Tempul.
RESPONSABILIDAD MUNICIPAL DE JEREZ Y SAN JOSE DEL VALLE
Los responsables con plena capacidad y obligada responsabilidad sobre este manantial y toda su infraestructura, compuesta por 47 kilómetros de minas, sifones de tuberías, puentes, desagües, depósitos y un largo etcétera de elementos hídricos, han sido y siguen siendo los gobiernos municipales de Jerez, muy estrechamente relacionados con el de San José del Valle; no en vano este manantial incluso quedó dentro de su territorio municipal, en el reparto a razón de su reciente segregación.
Aunque la gestión del Agua de estos dos municipios esté en manos privadas, la capacidad y la responsabilidad directa hacia sus ciudadanos, sigue siendo siempre de los gobiernos municipales.
La gestión y la “explotación” de este manantial fueron entregadas a la ciudad de Jerez, en 1939. Los últimos alcaldes, de la época democrática en nuestro país, han abandonado su responsabilidad sobre este rico recurso natural, que ya en tiempos de la España romana, resultó ser la fuente hídrica más impresionante de la península, para llevar agua a la población de Gades, con una perfectísima ingeniería.
La Gallina de los huevos de oro, desplumada por la avaricia y la dejadez política de los gobiernos municipales jerezanos.
Estos ediles han “usado” la traída del agua desde Tempul hasta Jerez, como herramienta política y económica del consistorio. El servicio de aguas de esta ciudad era denominado por estos responsables como “la gallina de los huevos de oro”; y como tal, todos y cada uno de estos mandatarios locales, metieron sus manos en este servicio, para luego lamerse los dedos -políticamente hablando-.
Pacheco y sus mágicas concesiones demaniales.
El saqueo lo comenzó Pedro Pacheco, “decorando” la ciudad con fuentes y pirulí en el Circuito de Velocidad, con cargo a Ajemsa, más tarde utilizando un artilugio muy usado en estas administraciones locales, como es la famosa ingeniería financiera; inventó la auto “concesión demanial” de las tuberías de saneamiento. A cambio, miles de millones de las antiguas pesetas pasaban de Ajemsa a las arcas municipales, mediante créditos bancarios a costa de los recibos de agua de todos los jerezanos. Hasta llegar los socialistas, este alcalde andalucista repitió “su mágica” fórmula de sanear sus cuentas municipales y dar un “lavado de cara electoralista”, hasta dejar esta empresa en peligrosísimos números rojos, al borde de su extinción financiera.
Los socialistas y su invento de “CAJA UNICA”
La socialista Pilar Sánchez, en vista de que Ajemsa ya no tenía solvencia ni capacidad de más endeudamiento, retiró a la entidad gestora publica, la capacidad de su control económico, como venía haciendo de por vida; las remesas de las facturaciones de los jerezanos, eran entregadas en la “caja única” municipal, y una vez haber “atrincado” entre seiscientos mil y un millón de euros mensuales, devolver la diferencia para que Ajemsa siguiera haciendo malabarismo para sostenerse.
La Pelayo vendió los últimos muebles.
La popular García Pelayo, se encontró la gallina ya más que desplumada y ya había bien poco que exprimir y aprovechar. Así, optó por meterla en un puchero, para extraerle su último jugo, antes de “enterrarla” definitivamente; para ello, planeó que una empresa buitre y carroñera se encargara de esta defunción, a cambio de una buena suma de millones de euros, que le hiciera más holgado su mandato del 2.011 al 2.015.
Aqualia recoge los restos de Ajemsa y crea su “factoría de hacer billetes” a costa del empobrecimiento hídrico y social de los ciudadanos.
La empresa, el servicio de aguas de todos los jerezanos, aquel modelo de gestión ejemplar en Europa y patrimonio histórico, honrando un esfuerzo y una apuesta social, que a partir de 1.869 supuso el inicio de una era más pulcra, más saludable, más urbana y más social, para Jerez y los jerezanos; pasó a ser una extraordinaria “factoría de hacer billetes”, en unas oscuras manos, con una operación de venta del servicio a una empresa multinacional, con alto badaje de “malas prácticas” en otros territorios, incluso fuera de España. El agua de los jerezanos, es manoseada y explotada por Aqualia, filial de la gran mole empresarial FCC.
Entre todos, tejieron la tela de araña perfecta para dar muerte a Ajemsa. Lo que llamamos la Trama del Agua de Jerez.
Pero, para que esta “factoría” funcione a “pleno rendimiento”, necesita que los verdaderos y obligados responsables administrativos, políticos (gobierno local) miren hacia otro lado y dejen hacer a la empresa sus evidentes villanías y sigan prácticamente el saqueo a los jerezanos y haciendo que cada día más familias se vean sin el más sagrado, básico y elemental recurso vital… mendigando por unas gotas de AGUA.
Para este maquiavélico proyecto, ya ha contado esta empresa multinacional con dos legislaturas socialistas, que hicieron “sus deberes” a la perfección, sencillamente dejando el control total del servicio a la empresa privada, no haciendo la más mínima fiscalización de su gestión e incluso haciéndoles de mediadores insurgentes, para lavar la cara de la multinacional, en sus tejemanejes a otras entidades locales periféricas.
Es una nota de prensa enviada a este medio, por la Marea Azul de Cádiz
PROPUESTO POR LA COORDINADORA DEL AGUA DE JEREZ, ANTE LAS ELECCIONES MUNICIPALES DEL 28 DE MAYO DE 2023
La Coordinadora del Agua de Jerez -organización de la sociedad civil, que reúne a varios colectivos sociales, ecologistas, vecinales, sindicales, políticos y ciudadanos particulares de la ciudad de Jerez- , hace llegar a los partidos políticos que concurren a las Elecciones Municipales del 28 de mayo de 2023, un Decálogo de Medidas relacionado con el sector, con el objetivo de contrastarlas con lo recogido en sus respectivos programas y conocer su disposición a desarrollarlas en actuaciones posteriores de gobierno, si llegara el caso.
Las propuestas de la Coordinadora del Agua de Jerez, que las considera fundamentales para avanzar en la gestión pública, democrática y participativa de los servicios del ciclo urbano del agua, y garantizar el Derecho Humano al Agua a toda nuestra ciudadanía jerezana y a su vez proponemos como punto de apoyo generalizado para toda nuestra provincia gaditana; se concretan en las actuaciones y reformas legislativas siguientes:
1.- DERECHO HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO
Reconocimiento expreso e incorporación a la normativa en el más alto nivel posible del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, con el alcance y contenido definido por Naciones Unidas, lo que implica la prohibición absoluta de cortes de suministros domiciliarios, reconocidos como consumo humano directo. Se debe establecer un sistema de compensación o cobro del coste del servicio o facturas de agua, que en ningún caso esté relacionado con el corte del suministro, como ocurre con el cobro de otras deudas al Consistorio, vía de apremio y/o obligado cobro judicial con embargo de cuentas bancarias o nóminas. Esta medida avalaría el ejercicio del Derecho Humano al Agua a todos por igual; en tal caso, se puede establecer un dispositivo que garantice un mínimo vital gratuito en caso de comprobada vulnerabilidad en tales familias, con una media mínima de consumo de 100 litros/día/habitante.
2.- NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL AGUA
Defensa del carácter público de la gestión del ciclo urbano del agua y su blindaje a través de una Ley Orgánica. Hasta tanto esto no sea efectivo, se tendrá en cuenta que la duración máxima de las concesiones será de cinco años, que podrá ampliarse hasta un máximo de diez, si el contrato incluyera obras financiadas por la empresa concesionaria, cuya amortización justifique extender la duración del contrato.
3.- CÁNON CONCESIONAL
Prohibición por ley de los denominados cánones concesionales, que son instrumentos que favorecen la privatización de los servicios del ciclo urbano del agua, introducen prácticas opacas y fomentan la corrupción que crece al transformar el agua y los servicios de abastecimiento y saneamiento en grandes negocios privados.
4.- APOYO A LOS PROCESOS DE REMUNICIPALIZACIÓN
Apoyo a los procesos de remunicipalización que se estén llevando en nuestros pueblos gaditanos y pedanías; y a los que se aborden en el futuro, para lo cual es fundamental revertir la legislación aprobada en el pasado inmediato tendente a obstaculizar, cuando no a impedir la remunicipalización de los servicios del ciclo urbano del agua.
En concreto, se propone la derogación de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, en la medida que, no sólo obstaculiza la remunicipalización y favorece la privatización, sino que limita de forma injusta la financiación y la autonomía local, especialmente en los ayuntamientos más pequeños.
5.- COMPETENCIAS MUNICIPALES Y REGULACIÓN
Defensa de la autonomía municipal en cuanto a la titularidad de los servicios del ciclo urbano del agua, por lo que las administraciones locales tienen la responsabilidad de adoptar las decisiones oportunas para asegurar tanto la sostenibilidad de los servicios asociados, en el ámbito ambiental, económico, social, estructural y de gestión, como la regulación de los servicios de abastecimiento y saneamiento. En consecuencia, se rechaza la creación de un regulador único o autonómicos y, en cambio, se propone adoptar medidas que no comprometan la autonomía municipal tendentes a fortalecer las capacidades municipales. Y por tanto, se precisa reforzar la vigilancia y custodia de la buena gestión del servicio al ciudadano, sobremanera cuando esta es ejercida desde una concesión privada.
6.- MODELO DE GESTIÓN
Defensa de un nuevo modelo de gestión pública que se realice sin ánimo de lucro y de acuerdo con criterios de pluralidad, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, calidad y eficiencia social, económica y medioambiental. Exigencia de que todos los ingresos que se obtengan de la contraprestación económica procedente de los servicios de abastecimiento y saneamiento se destinen a sufragar, sin ánimo de lucro, los costes de dichos servicios.
7.- CUMPLIMIENTO Y APOYO A LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA
Cumplimiento de la Directiva Marco del Agua y del resto de Directivas ambientales a través de una gestión orientada al uso sostenible del agua que garantice la conservación y la recuperación del buen estado de los ecosistemas acuáticos.
Apoyo a la versión actual de la Directiva Marco del Agua y rechazo a las intenciones de algunos Estados miembros y grupos de interés privados de rebajar el contenido y exigencias de la Directiva, como una forma de eludir sus compromisos asumidos en relación con la sostenibilidad y el buen estado ecológico de las aguas.
8.- CONDICIONES LABORALES
Defensa de personal con derechos y condiciones de trabajo justas, en términos de calidad y estabilidad en el empleo. En consonancia con la importancia de los trabajadores, reivindicamos su participación en las instancias de toma de decisiones.
Aplicar de forma efectiva la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con estrategias para eliminar los techos de cristal existentes.
9.- USOS DEL AGUA. USOS PRIORITARIOS
Detener el crecimiento de las demandas hídricas, tanto en el regadío como en los usos urbanos e industriales, de forma que se adapten a la reducción de caudales disponibles que impone el cambio climático en curso, redimensionando la superficie regada y las demandas urbanas expansivas.
Garantizar la prioridad de usos establecidos en la Ley de Aguas, poniendo en primer lugar, frente a los otros usos del agua, los del abastecimiento de poblaciones y caudales ecológicos.
10.- FOMENTO DEL AGUA DE GRIFO
Fomentar a través de actividades de concienciación ciudadana, el consumo de agua de grifo y la reducción de la utilización de envases, especialmente de plástico, regular la oferta de agua de grifo gratuita en locales de restauración -bares, restaurantes-, e impulsar el uso de fuentes públicas y puntos de información sobre la calidad del agua en las ciudades y pueblos.
EL AGUA COMO PRIORIDAD MAXIMA PARA NUESTRA CONVIVENCIA SOCIAL Y AMBIENTAL
El Agua, como fuente de vida e imprescindible elemento para la salud, el progreso y la sostenibilidad de nuestra civilización y su imprescindible entorno animal y vegetal, tiene que estar en el centro de atención de nuestra comunidad humana, por lo que sus representantes o administradores, tienen la obligación de preservar, cuidar y asegurar para toda la comunidad y su grandioso ecosistema.
La cuenca del Guadalquivir se encuentra actualmente al 25,66% de su capacidad de embalse, el sistema de regulación general, que abastece la mayor parte de los regadíos, se encuentra al 22,25%. Ante esta alarmante situación, es inevitable pensar que, a no ser que tengamos una primavera muy lluviosa, habrá importantes recortes de agua en la presente campaña de riego.
Desgraciadamente, esta situación de escasez se repite con frecuencia, de hecho esta será ya la cuarta campaña consecutiva con recortes en el regadío. La campaña pasada fue muy dura, con una dotación máxima de 1.750 m3/ha. No podemos culpar siempre a la sequía, la sequía es parte de nuestro clima y nos recuerda que debemos gestionar un regadío con garantías, que haga frente a las sequías y al cambio climático. Esto es contrario a la política de crecimiento de regadío y de cambio de cultivo incentivado por la propia Confederación, a pesar del déficit estructural que padece la cuenca, que condena a los regantes del Guadalquivir a una continua incertidumbre en el abastecimiento del agua.
Esta situación afecta a todo el regadío, pero principalmente a las explotaciones más vulnerables, que ven como la rentabilidad de su explotación se ve mermada en algunos casos hasta el 70%, siendo esta la actividad de la que dependen agricultores profesionales y familias.
En estas situaciones, la Confederación aplica un recorte en función de la dotación que, aunque es proporcional a esta, no tiene en cuenta ningún otro criterio. Las grandes explotaciones tienen margen de actuación, ya que pueden decidir repartir esta dotación, pueden regar la cantidad de hectáreas que crean conveniente. Las pequeñas explotaciones no tienen alternativa, ya que disponer o no de agua determina que cultivarlas sea o no rentable.
El cambio de cultivo en la cuenca del Guadalquivir ha comprometido la flexibilidad de la cuenca ante la falta de agua, actualmente, la cantidad de hectáreas de leñosos que existen necesitan una dotación de garantía de riego para la supervivencia de la arboleda. En explotaciones de gran tamaño, se produce acaparación, además de la tierra, de gran cantidad de agua.
Demandamos que se tengan en cuenta criterios sociales a la hora de aplicar recortes, laadministración debe priorizar claramente un modelo de producción, la agricultura social y profesional. Proponemos que se haga una discriminación positiva que garanticeal menos una unidad de trabajo agrario para el titular de la explotación, garantizando el total de su dotación o un recorte menor que para superficies mayores.
Respecto de otros aspectos importantes que preocupan a esta Mesa, demandamos que se respete escrupulosamente la legalidad respecto de la prioridad de los abastecimientos urbanos, con especial atención a aquellos en situación más vulnerable, y los caudales ecológicos imprescindibles para el mantenimiento de la vida en nuestros ríos.
En este sentido desde la Mesa Social del Agua de Andalucía pedimos el refuerzo de la guardería para comprobar el estado de los ríos y de sus ecosistemas asociados y para hacer un seguimiento de los posibles incidentes que se puedan producir relacionados con el agua. Es necesario lanzar inmediatamente campañas de sensibilización para el uso responsable del agua en el ámbito agrario y urbano, así como poner en marcha la creación de entes públicos supramunicipales que garanticen el agua en muchas comarcas rurales.
Red Agua Pública 